Asalto a la democracia
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| Nelson Ramírez Torres |
Un tribunal arbitrario se caracteriza por tener un juez injusto que no da cada uno lo suyo, sino que hace lo contrario; niega evacuar las pruebas; mal interpreta a su antojo; no fundamenta las decisiones; se esconde en el silencio, permite a una parte adulterar documentos, en suma, el juez se parcializa tanto que se confunde con la parte que favorece. El juez arbitrario es un esbirro.
El CNE se comporta como el tribunal más arbitrario de la historia de Venezuela, lo cual se corrobora no sólo con su negación a hacer la auditoría solicitada por Capriles Radonski sino también por lo alegado en la segunda impugnación, la presentada por la MUD, en la que denuncia ante la Sala Electoral del TSJ que no ha sido posible, por negarlo el CNE, revisar los instrumentos electorales indispensables para poder fundamentar debidamente sus nulidades, como sucede con los cuadernos de votación.
El abuso del CNE es tan protuberante que ni siquiera expidió las copias certificadas que Capriles y la MUD solicitaron para fundamentar sus impugnaciones. Cosas así fueron suficientes para que el expresidente de Colombia, Andrés Pastrana, afirmara recientemente que “Democracia sin votos contados no es, ni será nunca, democracia”, y que “Con cuatro de cinco miembros cargados hacia un candidato, todo podía suceder y todo sucedió, como lo han demostrado los hechos”.
Si en algún momento cupo pensar que el fraude electoral se hizo a espaldas de los rectores del CNE, ello quedó descartado a partir del 14 de abril de 2013 con la andanada de hechos fraudulentos, y ahora es evidente la solidaridad de los rectores con la causa madurista. En un país democrático, ante un fraude indudable, los rectores del CNE hubieran renunciado a sus cargos. La magnitud de la trampa les impone el deber de explicar las denuncias, pero lejos de ello la consigna ha sido la de negar el fraude.
Pocos venezolanos estaban enterados del plan para ganar siempre el juego electoral, incluido Nicolás Maduro, pues de lo contrario no hubiera aceptado practicar la auditoría la noche del 14 abril. El secreto del control del resultado lo tenían sólo los castristas, Jorge Rodríguez y Hugo Chávez, quien por amor propio, egocentrismo y seguridad, no se expondría a ser subestimado, desobedecido o extorsionado por nadie en el PSUV.
A la agenda se le ven las páginas: el TSJ buscará la manera de declarar inadmisibles las demandas de nulidad presentadas por Capriles, la MUD y otros. Por ello, los mejores andariveles de la oposición son, por un lado, las acciones penales en Venezuela por el enorme concurso de hechos perpetrados el 14 de abril, concretamente por las falsificaciones de los documentos esenciales que permiten votar, como es el caso de los cuadernos de votación con firmas y huellas falsas; y por otro, las acciones ante los órganos internacionales de los derechos humanos con la explicación de que en Venezuela se cometíó fraude el 14 de abril mediante adulteraciones documentales.
Cuando Hugo Chávez comenzó a despotricar de la OEA y de la CIDH, no hizo sino adelantar piezas de su ajedrez para minimizar el efecto de las condenas que de seguro vendrían en la medida que detectaran las monstruosidades que sospechaba serían algún día descubiertas, especialmente el fraude electoral articulado desde el año 2004.
El rechazo del gobierno madurista a la justicia es total. En esa línea, Elías Jaua dijo en estos días que Venezuela no acepta los llamados a diálogo de la CIDH y del gobierno de EE.UU: “No creemos que sea el gobierno de Estados Unidos el que tenga moral para instaurar el diálogo en un país en el que existen plenas libertades” y desestimó la validez de las declaraciones emanadas de la CIDH por considerar que sus sentencias “están compradas” por los dueños de la prensa hemisférica. “Hemos dicho que detrás de esa ultraderecha está el imperialismo norteamericano”.
Convencer a los venezolanos y al mundo de que se hizo fraude electoral en Venezuela es tarea que no admite pausa. Se quedó corto Ramón Guillermo Aveledo cuando dijo que es “muy cuestionable” la legitimidad de Nicolás Maduro, pues lo evidente es que éste está absolutamente al margen de la Constitución y las leyes, tiene en contra a la gran mayoría de los venezolanos y se convirtió en ayuda de la colosal trampa. Maduro es un funcionario de facto porque sencillamente perdió las elecciones.
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